Este martes, 7 de abril de 2026, el gobierno de Chile presentó públicamente el proyecto: “Escuelas protegidas. Propuestas para mejorar seguridad en los colegios”
En las redes se difunde una imagen con 7 puntos. Los que vamos a analizar a continuación:
1.- Colegios podrán revisar mochilas para evitar el ingreso de elementos peligrosos.
El 99 % de las escuelas en Chile son integradas por estudiantes, niños, niñas y adolescentes que en sus mochilas lo más peligroso que llevan es un yogurth, comprendiendo que un 40 % de los mismos no puede llevar esa colación porque a sus padres no les alcanza el dinero y deben alimentarse con la ración de la JUNAEB.
Plantear que el problema de la violencia escolar está en la revisión de mochilas, atenta contra la inteligencia de la población general.
Sin embargo, no solo eso, la idea que que los estudiantes portan en sus mochilas artefactos peligrosos a priori, es una irresponsabilidad comunicacional y política que apoya el estigma y el prejuicio hacia niños, niñas y adolescentes sobre todo, los más carentes de apoyo emocional, autoestima y valoración social.
Por otro lado, la ley no limita la revisión de mochilas en casos específicos de posibles delitos o atentados, si no que, limita la revisión de mochilas en forma generalizada y/o arbitraria frente a posibles casos de abuso de autoridad, prejuicios o malas prácticas.
2.- Los profesores recuperarán la autoridad para mantener el orden en el aula.
Los profesores no vamos a recuperar la autoridad por decreto. Es una ilusión y una desconexión absoluta con la realidad. El problema de la autoridad docente es un problema cultural sustentado en la difusión de ideas de que la educación es un bien de consumo, un servicio comercial que puedo utilizar de acuerdo a mis intereses particulares y no con el objetivo de retribuir socialmente los aprendizajes de la formación entregada. La ley no es quien dicta la autoridad del docente en términos prácticos, sino que es la sociedad toda, la opinión pública la que debe promover la cultura, el respeto y el trabajo profesional.
3.- Interrumpir clases será considerado una falta grave a la convivencia escolar.
Estamos llenos de faltas graves en los reglamentos escolares, pero ninguna política que permita desarrollar consistentemente acciones preventivas para el ordenamiento de la sala de clases.
La clase no es una cátedra expositiva vacía de diálogo, discusión e interrupciones, sobre todo con niños y las con necesidad de ser escuchados, valorados, atendidos, mientras sus padres se desviven en un trabajo para pagar la bencina de sus autos.
La sala de clases requiere una intervención urgente, pero no a través de la sanción impositiva, sino a través de la mejora de las prácticas didácticas, los recursos materiales, la infraestructura.
4.- Condenados por delitos no podrán acceder a la gratuidad universitaria.
Infiero que los condenados por delitos, si tienen dinero podrán optar a la universidad. Estamos igualando delincuencia con pobreza.
5.- Los reglamentos escolares deberán prohibir capuchas y accesorios que impidan la identificación.
Ya existe una ley anti capucha. Nada impide a los liceos y escuelas limitar el uso de gorros, capuchas, incluso el uso de un tipo de uniforme escolar.
6.- Modifica el Código Penal e incorpora como circunstancia agravante de responsabilidad penal cometer un delito en establecimientos educacionales.
Este punto parece interesante, dada la cantidad gigantesca de robos a escuelas, liceos y jardines. La malversación de fondos públicos, sobre todo de las subvención SEP, mantenimiento o Pro-retención.
7. Reordena el sistema de denuncias en materia de convivencia escolar y prioriza la resolución temprana de los conflictos en los establecimientos educacionales.
Me parece muy interesante la idea. ¿Se saturará mas aún la superintendencia de educación? ¿Se crearán juzgados especiales?¿Habrá una nueva oficina en comisarías para atender casos de convivencia? Los encargados de convivencia deberán capacitarse en resolución temprana de conflictos?
