Más allá del sensacionalismo mediático y el aprovechamiento político de la muerte de una mujer, asistente de la educación en Calama, creo es es importante y una responsabilidad como docente con experiencia en distintos espacios escolares, dar a conocer mi punto de vista sobre este lamentable y triste acontecimiento.
La escuela ha sido un espacio respetado y querido por gran parte de la sociedad chilena más allá de las diferencias sobre lo que creemos se deba educar y cómo hacerlo, sin embargo, durante los últimos años, hay circunstancias que han debilitado esa imagen de la función educativa de las escuelas y liceos, así como la pertinencia y calidad de quienes trabajamos en ellos.
No quiero culpar a nadie, pero sí presentar algunos elementos que podrían haber evitado esta situación tan terrible para la familia de la víctima, del victimario y de toda la comunidad.
Responsabilidad política
Las políticas educativas de los últimos años han sido extremadamente débiles en términos de formación integral, cuidado de la salud mental de estudiantes y profesionales de la educación, así como, de claras acciones de prevención. Se ha centrado el foco en una perspectiva burocrática y judicialista en el que las normas y reglamentos son el elemento direccionador y organizador de las experiencias educativas, ya sean éstas, escolarizantes, socializadoras, formadoras o en el ámbito de la resolución de conflictos. Es decir, ha sido más importante prohibir el uso del celular que profundizar en el uso adecuado de las redes sociales, así como las informaciones que llegan a niños, niñas y adolescentes a través de las mismas.
Responsabilidad mediática.
En segundo lugar, los medios de comunicación han difundido sin tregua una imagen perversa de la juventud, de los liceos, de las comunidades educativas en el plano de la convivencia, mostrando imágenes de riñas, de agresiones, de denuncias, sobre todo, cuando ocurre en la educación pública, con la finalidad clara del morbo y por supuesto, el miedo y la crítica iracunda, que es el método infalible de ese negocio. Arrastrando con ello, la “incompetencia” del profesorado o de sus condiciones que han llevado a una crisis vocacional en la que nadie quiere ser maestro por el horror de la experiencia en la sala de clases. Una caricatura de una irresponsabilidad ética del periodismo postmoderno. El capitalismo acérrimo lo permite y lo potencia. Vendamos tazas de Hitler, de Pinochet o de Naruto, el mercado se regula solo.
Responsabilidad ciudadana.
Aunado a estos ámbitos macrosistémicos, las personas corrientes y comunes que deambulan por las calles físicas o virtuales, más cerca o más lejos, del mundo educativo, también forman parte importante en este trío de factores. La opinión pública, el sentido común, el contrato social, ha sido modificado en este nuevo siglo, sometiendo el juicio al relativismo epistemológico, a la detección de noticias falsas, la resonancia intelectual de la IA o a la difusión de expresiones irracionales de los tiktokers populares. Trasladando la función docente al escrutinio público, desdibujándola, transformándola en un oficio simple de transmisión de información, de controlar el corte de pelo, de separar peleas o revisar las cuentas de instagram. El profesor pasó a ser una extensión nostálgica de la autoridad del padre moderno que mantenía la mesa a la hora del almuerzo y con el ceño fruncido aprobaba o desaprobaba tal o cual comportamiento. Para la sociedad la labor docente pasó a significar la enseñanza de la cultura que las casas ya no pueden otorgar: modales, respeto, integración social. Nada más lejano de la función educativa actual que posee como objeto último el desarrollo de habilidades cognitivas e intelectuales desde una mirada crítica y creativa.
Responsabilidad profesional.
Por último, nuestra propia labor docente, requiere del máximo nivel de profesionalismo. Nuestra formación incluye aspectos de la psicología del desarrollo, de la observación de los fenómenos sociológicos, de las influencias que el modelo económico afecta a las escuelas y su funcionamiento. Llama en extremo la atención que veamos constantemente casos de estudiantes deprimidos, agresivos, acosados, solitarios, pidiendo ayuda en forma permanente. Los niños y niñas de hoy se crían con las redes sociales, con la opinología y la cienciología. Se comunican con sus padres vía WhatsApp, instagram o tiktok, porque no encuentran los tiempos para verse en forma presencial, para contarse cosas, contar los miedos, ideas y sueños. Es verdad que los profesores no somos responsables de esta nueva realidad, pero tampoco podemos ser espectadores de las necesidades de apoyo y soporte emocional de niños, niñas y jóvenes.
En conclusión, el fatal hecho de violencia en la escuela de Calama no tiene una sola víctima no un solo victimario. Junto a la inspectora María Victoria Reyes, todos los miembros de las comunidades educativas recibimos el dolor de la agresión del joven estudiante. Recibimos el dolor de la violencia infundada, recibimos el dolor de perder la paz y la esperanza de estar en espacios seguros para el desarrollo y crecimiento de personas en edad escolar, recibimos la bofetada de un sistema corrompido y corroído por la desidia, la inercia, el confort y la comodidad de apretar el botón sin importar las consecuencias.
